Plataformas digitales periodísticas serían financiadas por ONG

Recientemente, Marco Sifuentes causó controversia por criticar a las organizaciones no gubernamentales. En este caso, el fundador de “La Encerrona” no solo criticó a estos organismos al afirmar que “hay ONG que no hacen las cosas bien”, sino que también aseguró que organizaciones como Ojo Público o el Instituto de Defensa Legal (IDL) “sobreviven gracias a las ONG (…) y claro no pueden darse el lujo de vivir del público”.

Este último comentario genera preocupación, debido a que deja en evidencia que estas plataformas subsisten gracias al dinero proveniente de la Cooperación Técnica Internacional. Es decir, del dinero que recepcionan otras ONG y que, por este motivo, difunden un mismo discurso, el cual podria apoyar campanas politicas, ser subversivo o atentar contra el órden público, la democracia y la inversión privada.

Marco Sifuentes se opuso al dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que propone fortalecer las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para mejorar la fiscalización de las ONG y conocer a qué actividades destinan sus fondos realmente. Pese a ello, el hombre de prensa fue señalado como un presunto beneficiario de este tipo de organizaciones con US$104,000 a favor de su canal de YouTube ‘La Encerrona’.

Según expertos, este es el modus operandi que siguen las ONG para continuar difundiendo una misma narrativa. Esto ocurrió en el pasado en Venezuela con las Casas del ALBA, las cuales fueron aprovechadas por el régimen de Hugo Chávez como mecanismo de influencia, incidencia y activismo. Si periodistas, ONG y supuestos líderes políticos viven del dinero de la Cooperación Técnica Internacional, esto los deshabilita para vender una imagen de “actores independientes”.

En la misma línea, cabe señalar que las actividades que realizan las ONG, al tener mucha influencia en comunidades, ciudadanía y bases sociales, requieren un nivel de transparencia muy fino, tal como se les exige en Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, países que paradójicamente a través de sus embajadas han afirmado que aquí no quieren que sean fiscalizadas. Sin embargo, se observa que en Perú no se cumplen estos parámetros.