Fiscalizar a las ONG es urgente (muy urgente), por José Ignacio Beteta

Les cuento una historia… Una historia que demostrará por qué el dinero de cooperación técnica o fundaciones internacionales que reciben las organizaciones sin fines de lucro – ONG, periodistas, influencers, medios de comunicación privados y otros personajes vinculados a supuestas “causas sociales” debe ser supervisado con carácter de urgencia. 

Imagina una empresa privada que cumple con todos los estándares regulatorios y opera en la selva o en la sierra; tiene miles de hectáreas produciendo madera, cacao y otros productos.

Ahora imagina que llega a la zona una ONG con mucho dinero de la cooperación técnica y, de forma arbitraria y abusiva, le abre a la empresa privada un proceso de extinción de dominio.

¿Qué significa extinción de dominio? Como su nombre lo indica, es un juicio para quitarle a la empresa la tierra que usa, sus permisos, quitarle la concesión.

Para ello, los “líderes” de esta ONG inventan indicios o “pruebas”, encuentran faltas menores y se coluden de forma ilegal con jueces y fiscales de la zona. Estos jueces y fiscales tienen tanto poder, que así no haya razón suficiente, la empresa privada puede perder su concesión, perder su inversión, su trabajo, su vida…

Pero aquí viene lo interesante: luego de ganar el juicio, la ONG reclama esa concesión y la convierte en una zona protegida, un área de conservación natural. Parece noble, ¿no?

No. No es noble. La intención por la que movieron todo este proceso tan sucio es porque buscaban un negocio. Lo que están buscando varias ONG es abrir negocios de bonos de carbono que le venderán a buen precio, irónicamente, a otras empresa privadas.

De la nada, una ONG millonaria, usando indebidamente dinero de la cooperación técnica, y a través de mecanismos corruptos, crea una empresa o se convierte en una, para hacer negocios con las tierras que poseía legítimamente la empresa formal, que cumplía con todo lo que la ley le pedía…

Esta historia es real y pasa en la selva cada vez con más frecuencia. Es el negocio de las ONG que -esperamos sin querer- defienden algunos periodistas o el negocio sobre el cual callan y son cómplices. Este mecanismo corrupto es financiado por agencias de cooperación que no saben realmente qué está pasando. O eso esperamos.

Puede que existan zonas y ONG que generen estas áreas de conservación de manera legítima, sin corrupción, en alianza con comunidades de la zona, sin afectar a la empresa privada. Sí, es posible. Pero no se confundan. Este mecanismo ya es una posibilidad de negocio y se está poniendo “de moda”.

Finalmente, la clave de esta historia radica en 4 elementos que quiero que recuerden bien:

(1) La apropiación ilegal de tierras por parte de ONG en contra de empresas privadas con mecanismos corruptos; (2) la conversión repentina de ONG en empresas privadas que hacen dinero con el dinero que reciben de la cooperación técnica; (3) la pérdida de tierras que pueden ser productivas, generar empleo, innovación e impuestos y que ahora se convierten en feudos mercantilistas de estos dueños de ONG y (4) la falta de transparencia y fiscalización de este modus operandi que, estoy seguro, sería una delicia para la SUNAT.

En cualquier escenario, queda claro que todo esto merece una investigación oficial en diversas regiones del país, y que nuestros congresistas deben culminar la producción de una norma que fiscalice a las ONG ya mismo. No se pueden acobardar por amenazas o quejas de embajadas cuyos países ponen reglas mucho más rigurosas para las ONG que operan en sus territorios.