Minería formal en riesgo a causa de los conflictos sociales
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Los conflictos sociales ponen en riesgo a la minería formal, debido a que golpean el nivel de producción de las empresas mineras formales y, en su defecto, generan pérdidas millonarias a favor del PBI. Tía María, de Southern Perú, es un proyecto minero ubicado en Islay, Arequipa, que estuvo paralizado durante años por la oposición de los residentes de la zona y agrupaciones y líderes políticos. Esta mina representa una inversión de US$1,400 millones y promete crear 9,000 puestos de empleo (directos e indirectos) durante la etapa de producción y 5,850 durante la puesta en marcha. Además, se estima que el país se beneficiará con S/ 5,460 millones por conceptos de canon y regalías durante los 20 años que el proyecto se mantenga en operación.
Sin embargo, los agricultores del Valle del Tambo anunciaron un paro de 72 horas desde el 18 de julio como medida de protesta, la cual atentó contra la reactivación de operaciones de la mina, la cual fue anunciada para el 1 de julio por el directorio de la compañía y el titular del MINEM, Rómulo Mucho.
Pese a los beneficios que ofrecen las compañías mineras, las cuales cuentan con la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para operar debido a que cumplen con todos los estándares ambientales, las constantes movilizaciones y paro de actividades reducen su productividad y, por ende, perjudican a todos los peruanos. Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que, desde 2021 hasta el primer trimestre de 2023, la conflictividad social paralizó 11 minas en 8 regiones del país, lo que generó pérdidas de casi S/ 7,000 millones a favor del PBI y una pérdida fiscal de S/ 1,791 millones.
Entre 2018 y 2022, se perdió hasta un 21.4% de la producción minera anual, siendo Apurímac la región más afectada. Solo en 2022, la economía de esta región creció apenas 7.4% cuando era posible reportar un crecimiento de 24.4% sin las paralizaciones.
Las empresas mineras formales no solo contribuyen con el crecimiento económico del país a través de la exportación de metales, sino que también mejoran la recaudación fiscal para las provincias que albergan las unidades mineras. Solo en abril del 2024, Perú recaudó más de S/ 2,206 millones gracias a la minería. Asimismo, ayudan a reducir la brecha de vulnerabilidad a través de la creación de puestos de empleo y la ejecución de proyectos públicos que favorecen a los ciudadanos de sus respectivas localidades.
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