Impuesto Netflix: ¿cómo perjudica su creación a los contribuyentes?

El Congreso de la República aprobó la delegación de facultades para legislar a favor del gobierno de Dina Boluarte. Si bien el Ejecutivo tomará decisiones en temas relacionados a seguridad ciudadana, reactivación económica, entre otros, también podrá aprobar normas en materia tributaria tal como la creación del “Impuesto Netflix”, el cual impone una carga adicional del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los usuarios de plataformas de streaming.

Un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), sugiere que adicionar el cobro del 18% a los clientes de los servicios de streaming podría ser contraproducente si la intención del gobierno es elevar los niveles de recaudación fiscal, debido a que los consumidores estarían pagando mucho más por el mismo servicio (el impuesto y la tarifa bancaria), hecho que podría reducir la cantidad de usuarios que descargan estas plataformas.

Esto se debe a que se implementaría el cobro adicional a través de los bancos, lo cual permite que estas entidades bancarias puedan cobrar una comisión, sea al Estado o a los clientes, para compensar el gasto operativo impuesto. Esto no solo resulta más caro para los contribuyentes, sino que el gobierno también permitiría que se generen ganancias innecesarias a favor de los privados.

Sobre ello, el abogado tributarista Jorge Picón, mencionó que la recaudación del IGV mediante entidades bancarias implica un costo adicional por transacciones (Impuesto a las Transacciones Financieras) que solo lo asume el usuario. Esto obligaría a los peruanos a no solo pagar el 18% del IGV, sino también la tarifa bancaria y el costo base del servicio adquirido. Por ejemplo, para un plan premium de Netflix de S/45, el IGV sería S/8 adicionales. Si se suman posibles comisiones bancarias, el costo total podría ascender a S/60 mensuales, lo que representa un incremento del 30% en la tarifa actual.

Por otro lado, esta Ley vulneraría el derecho a la libertad de elección de los consumidores, debido que propone que estos servicios puedan ser adquiridos solo si el usuario está suscrito a un plan de las operadoras de telecomunicaciones. Para el presidente de ACP, José Ignacio Beteta, esto genera “una dinámica mercantilista en la que perdemos las familias, los jóvenes, y los peruanos que hoy la pasamos mal y queremos tener un espacio de entretenimiento y diversión sin que el Estado nos meta la mano al bolsillo”.

Asimismo, el experto calificó la decisión del Parlamento es inaceptable, debido a que propuestas como éstas permiten que el “Estado nos vuelva esclavos de un intermediario cuando justamente el mundo digital ha nacido para que seamos libres de acceder directamente a un producto sin intermediarios corporativos cómplices del Estado. Mientras tanto, ese mismo Estado tiene miles de obras paralizadas, incrementa sus sueldos y sus contrataciones, no invierte suficientemente en infraestructura como colegios y hospitales, aún así están nos quiere quitar el dinero de nuestras manos”.