Se dio primer paso para fortalecer la supervisión a las ONGs: ¿es necesaria esta iniciativa?

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) reciben fondos de la Cooperación Técnica Internacional, es decir, fondos públicos de otros países como Alemania, de España, Japón, China, Corea, Estados Unidos, Suiza y otros, para la ejecución de diversos proyectos. Hasta 2023, 1,716 ONG no fueron auditadas, 1,870 no rindieron cuentas sobre el uso de sus recursos y solo 276 generaron reportes de manera voluntaria. En ese contexto, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) es la entidad encargada de fiscalizar casi todas las categorías de las ONG, pero sus alcances son limitados.

Ante ello, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso evaluó y aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 6162, 7140 y otros que propone contribuir con la APCI para tener más transparencia y mejor supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional, como es el caso de las ONG.

Los datos revelaron que, durante la última década, se destinaron cerca de US$400 millones anuales de la Cooperación Técnica Internacional, el 60% de ese dinero fue ejecutado por las ONGs y el otro 40% por el Estado o entidades vinculadas. Entonces, ¿es necesario fiscalizar esos millones? El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), José Ignacio Beteta, señaló que “con una norma como esta se conocerá para qué usan el dinero, si es para actividades sociales en beneficio de un sector de la población o si estos recursos se destinan para ejecutar prácticas que puedan alterar el orden público. Todo será más transparente”.

En esa línea, para poder tener información concreta sobre este dinero, se propuso la creación de la Intendencia Nacional de Control de ONG, la cual tendrá a cargo el registro de estas asociaciones y reportes de desembolso y uso de fondos. No obstante, Beteta observó que “si bien esta medida puede implicar mayor trabajo administrativo en las ONGs, el fin de la misma lo justifica”.

“Sin irnos muy lejos, hay noticias que involucran a ONGs, como IDL, Kené, Forest People Program y muchas más; en el uso de fondos para realizar activismo político, generar dádivas a funcionarios públicos o para llevar a cabo acciones antiempresa. Es preocupante no tener un registro real de a donde van a parar estos fondos. Estamos hablando del  dinero de los contribuyentes de otros países”, agregó.

El impacto positivo que causaría esta iniciativa habría generado que un sector vinculado a ONGs que no rinde cuentas se vean afectados. Por ejemplo, tras conocerse la finalidad y beneficios de esta iniciativa, diversas organizaciones y personajes como el Instituto de Defensa Legal (IDL) o el periodista Marco Sifuentes afirmaron que se busca “someter a las ONGs”. Así, amparándose en la defensa de ONGs como CARE, CEDRO o World Vision, que sí hacen labor social y no activismo político, iniciaron una “campaña de defensa”.

Por su parte, IDL emitió un comunicado donde se sostiene que el Congreso está jugando en contra de los intereses de la Cooperación Técnica Internacional, los derechos ciudadanos y la democracia, debido a que consideran esta medida como una “ofensiva” que limita el derecho de participación y asociación ciudadana. Sin embargo, según explicó Beteta, esta narrativa solo busca desviar la atención, pues el Congreso no prohibirá que las ONGs continúen trabajando, pero sí fiscalizará en qué gastan sus donaciones a fin de impedir que este dinero sea destinado para petardear el orden social y político.