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Benites sobre la Ley Forestal: “En algún momento teníamos que formalizar la agricultura”
El exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Juan Manuel Benites, recordó que la Ley Forestal es criticada por colectivos y ONG's que afirman que se impulsa la deforestación indiscriminada de nuestros bosques, pero no cuentan la realidad, pues la intención de la norma es formalizar el sector.
Gabriela Llontop
Publicado 5:10 pm, 2 abril, 2024
La polémica Ley Forestal es criticada por diversos colectivos y asociaciones civiles debido a que, según argumentan, impulsa la deforestación indiscriminada de nuestros bosques. Sin embargo, la modificación de la Ley 29763 otorga títulos habilitantes para formalizar esta actividad económica en el país, la cual posee alrededor del 90% de trabajadores del agro en la informalidad sin pagar impuestos y desconociendo totalmente sus derechos. Asimismo, la norma permite que los productos agrícolas peruanos sean clasificados como óptimos para exportarlos hacia la Unión Europea, mancomunidad que acaba de aprobar el Reglamento de Deforestación, el cual impide comprar alimentos provenientes de suelos deforestados.
Para comprender a detalle la problemática en torno a esta Ley, Vigilante.pe conversó con el economista y exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Juan Manuel Benites, quien aseguró que el Estado es el único responsable por no determinar las zonas aptas para la agricultura desde un principio y aseguró que una alternativa de solución es agregar una disposición complementaria al documento que impida el cambio de uso de tierras en un futuro y, además, recalcó que era necesario formalizar este sector para evitar que más hectáreas de bosque sean deforestadas.
¿La norma le abre paso a la deforestación indiscriminada de nuestros bosques? ¿El Estado cumplió con su tarea de clasificar adecuadamente las zonas aptas para la agricultura?
Hay desinformación. Desde los años 70, el gobierno determinó que no se puede hacer agricultura en cualquier suelo, sino que debe tener determinadas características. El propio Estado le pidió al Ministerio de Agricultura que mapeara al país y decir dónde estaban las áreas que sí se podían usar para agricultura con la finalidad de que, cuando el Estado titulara, se tenga certeza que pueden hacer agricultura sin ningún problema.
Lamentablemente, lo que ocurrió es que el Estado no hizo ese ejercicio, no hizo la determinación o clasificación de los suelos a nivel de todo el país, pero sí tituló, sí entregó constancias de posesión, sí entregó créditos e hizo carreteras. Eso generó una serie de distorsiones. Agricultores que tienen tierras por muchos años y que hoy día se ven con esta restricción de que no pueden hacer agricultura en suelo forestal. Entonces, es como si se aplicara (la Ley) casi retroactivamente.
Sectores dicen que la norma beneficia únicamente a las grandes industrias y perjudica a los pequeños y medianos agricultores. ¿Es verdad que los trabajadores del agro se encuentran desprotegidos?
Esto es bien importante que se entienda, porque algunas personas están diciendo que esto favorece a las grandes empresas, pero no, el 98% de las unidades agropecuarias en la Amazonía son de pequeños productores. Son los agricultores migratorios los que han venido de otras partes del país, principalmente, los que salieron huyendo de la pobreza y también de las acciones de violencia que hubo en los años 80. Estas personas se han asentado en lugares que, probablemente, en un inicio eran bosques, pero que hoy día ya no lo son. Hoy día son tierras productivas, son la base de la seguridad alimentaria del país. De la Amazonía provienen 70 productos que consumimos, más de seis millones de personas se alimentan de lo que produce la Amazonía, y estas personas (agricultores residentes de la selva peruana) lo único que tienen es su tierra.
Entonces, las grandes multinacionales no son el foco principal de la modificación de la Ley, como algunos medios de comunicación y asociaciones civiles difunden en torno a la norma…
No es verdad que solamente son las grandes empresas (se verán beneficiadas). Eso no es verdad. Son pequeños productores los que se van a perjudicar si es que no se hace nada. En resumen, la norma mandaba que no podías hacer agricultura sobre un suelo que no era agrario, en un suelo forestal. ¿Quién determinaba eso? El Estado. ¿Lo hizo? No. Sin embargo, igual tituló. Y hoy día pretendía desconocer esos derechos, porque había que hacer estudios que no hizo en su momento. Eso no tiene ningún sentido. Eso pone en riesgo la seguridad jurídica de las personas.
¿Cuál era la salida? Si es que la ley no reconocía esos suelos para hacer agricultura, lo que quedaba era retirar a los agricultores, hacer que vuelvan a plantar los bosques o, probablemente, imponerles penas privativas de la libertad. Aplicarles un artículo del Código Penal, que es el 310, el delito contra los bosques. Uno no va a poder meter en una cárcel a trescientas cincuenta mil familias. No tiene ningún sentido. La realidad ha superado la Ley. Lo que había que hacer era adecuar la Ley a la realidad. Lo que hace o dice la norma, la modificación de la ley forestal, es que lo que ya se perdió de bosque y hoy es agricultura, se queda como agricultura.
¿Existen alternativas para mejorar la regulación sobre agricultura?
La norma no otorga derechos de propiedad, solamente reconoce el uso del suelo. Es decir, hay una serie de cosas que dice la norma que, de alguna manera, son salvaguardas para evitar que haya un impulso a la deforestación. Creo que la preocupación es válida. Obviamente, hay una sensación de riesgo de que si es que se está validando una situación que ya pasó, que ha sido, para mí, responsabilidad del Estado. Eso es un riesgo y eso es una preocupación fidedigna. Pero no podemos evitar o prohibir que haya una formalización de los pequeños productores ahora.
La agricultura tiene más del 90% (de agricultores) en el sector informal. En algún momento teníamos que hacer el ejercicio de formalizar la agricultura. Era necesario hacerlo. Este es el punto. Ahora, ¿Qué mecanismos podemos adicionar para evitar que esto ocurra en el futuro? Bueno, yo lo que haría, es que se haga una norma complementaria. Una norma complementaria que prohíba el cambio de uso de aquí para adelante.
Se impulsa la derogación inmediata de la Ley, ¿Qué alternativas debe seguir el Estado?
Es evidente que hay distintos intereses. Hay desde los buenos hasta los no tan buenos. Hay quienes defienden fidedignamente, como otros que lucran de esta situación y que más bien parece que preservar la deforestación es un buen negocio. Creo que deberían sentarse a conversar, ver de qué manera se puede complementar la norma, cómo poner algunos candados, probablemente, a nivel de normas complementarias, leyes o reglamentos. Que haya mayor participación de parte de los agricultores y de las comunidades indígenas para que haya vigilancia respecto a lo que va a ser la formalización del agro.
Gabriela Llontop
Periodista y redactora