Masificación de gas: la historia detrás que una empresa privada no quiere que sepas

La Ley de masificación de gas en el Perú aún no es una realidad debido a que el Congreso aún no publica por insistencia dicha norma. A ello se suma la actitud obstruccionista y cuestionada del exministro de Energía y Minas, Óscar Ver, quien decidió observar la ley justo cuando la empresa Cálidda presentó una adenda donde solicitó extender su concesión en Lima y Callao por 10 años y distribuir este recurso en siete regiones del país, creando así una suerte de monopolio antinatural que pone en jaque a empresas de menor envergadura.

Mientras que la empresa inició una campaña en diversas regiones donde aseguró que encargarse de la masificación sería positivo, lo que no cuentan es la historia detrás. El problema recae en que Cálidda está conformada por las compañías extranjeras PROMIGAS (42%) y Grupo Energía Bogotá (58%), las cuales se encuentran en diferentes puntos de la zona norte del país como Piura, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Ahora, esta empresa de capital colombiano intenta ingresar al mercado en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Apurímac, Puno e Ica. En total, tendría poder absoluto sobre la distribución de gas en 12 departamentos del Perú, hecho que no puede permitirse.

MÁS IRREGULARIDADES

Pero esto no es todo, sino que la firma extranjera también estaría intentando incluir en el documento a industrias de mayor tamaño como mineras, plantas de procesamiento de harina de pescado o materiales de construcción, incluso, cuando la Ley de Masificación de Gas fue planteada para contribuir con las industrias regionales que consuman menos de 3,700 balones de gas al mes. Es decir, empresas pequeñas que son el motor regional en sus respectivas ciudades.

Si logran su objetivo, la oportunidad de comercializar gas en los diferentes departamentos se cerraría para compañías de menor tamaño, debido a que los costos operativos serían mucho más elevados. En este sentido, solo Cálidda estaría capacitada para vender gas natural al contar con un colchón de inversión mucho más grande y estable, a pesar de que sea una jugada sucia para el mercado nacional. Recordemos que uno de los puntos clave para lograr que el gas natural llegue a regiones es recaudando fondos a través de un subsidio que pagarían los contribuyentes de la capital en sus recibos.

Además, el documento incluiría también el apoyo del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), el cual logró, en 2023, financiar más de 300,000 conexiones de energía fuera de Lima gracias al pago extra que hicieron decenas de familias. Ahora, de los 1.9 millones de hogares conectados a redes de gas natural, 1.1 millones se deben a este mecanismo. Un gran logro que se espera replicar solo si Cálidda no acapara la distribución de este recurso bajo el argumento no comprobado de que ellos podrían ejecutar las conexiones en el menor tiempo posible.

Ahora, el trabajo recae en las manos de los congresistas, quienes deben aprobar la Ley de Masificación de Gas por insistencia con el objetivo de beneficiar a decenas de familias peruanas que no tienen acceso a redes de este recurso en sus respectivos departamentos, lo cual imposibilita que puedan desarrollar diferentes actividades domésticas y/o industriales a un menor costo y con mayor celeridad. Se estaría demostrando que Cálidda habría intentado cerrarle el paso a sus competidores sin importar que esto perjudique a miles de contribuyentes que solo esperan que el Estado les garantice un adecuado servicio de gas natural en sus hogares.