Puerto de Chancay: criminalidad se abre paso a vista y paciencia de las autoridades

El nuevo puerto de Chancay es sinónimo de crecimiento y desarrollo para el país. Sin embargo, esta clase de megaproyectos no solo atraen la inversión privada, sino también actividades ilegales y criminales que atentan contra el impacto económico positivo del país y, por supuesto, afecta seriamente la calidad de vida de los residentes de la zona.

De acuerdo con el informe Tendencias y alertas de crimen organizado 2024, del Instituto de criminología y estudios sobre violencia  (ICEV), se advirtió que este puerto es uno de los principales atractivos para el comercio ilegal de cocaína y fentanilo entre Sudamérica y Asia. Asimismo, capta la atención de mafias organizadas interesadas en estas sustancias.

Tal y como anunció el jefe de la división portuaria antidrogas de la Policía Nacional del Perú, Luis Bolaño, esta es “una gran oportunidad para redes criminales, clanes familiares, y organizaciones que buscan transportar alcaloide de cocaína hacia Asia”. No cabe duda de que no es provechoso para el país permitir que un puerto valorizado en US$3.400 millones termine siendo el foco predilecto de la criminalidad en el país.

Por ello, es importante que el Estado tome acción inmediata para reducir los riesgos que esto implica, pues no solo se atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos que residen en Chancay y los más de 10,000 trabajadores que laborarán en la zona, sino que esta problemática golpea seriamente la recaudación fiscal del país y el crecimiento del PBI regional y nacional.

Desde el Ejecutivo, se anunció que se construirá un complejo policial adecuadamente equipado para velar por la tranquilidad de los operadores del puerto y los vecinos de la zona, no obstante, abrirá sus puertas de manera oficial de cara al 2026. De acuerdo a lo comentado por el jefe de la Administración de la Región policial Lima, Eduardo Maguiño, no existe presupuesto destinado para la ejecución de esta obra. Se estima que el Estado debería destinar  alrededor de S/ 84,5 millones para la construcción y S/1,9 millones para la elaboración del estudio técnico.

Sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país es la falta presupuesto público para afrontar la delincuencia y el crimen organizado. Según lo comentado por el agente del orden un claro guiño de cómo se vienen ejecutando los recursos públicos en seguridad ciudadana es el estado de dependencias policiales como las comisarías de Chancay y Aucallama, las cuales requieren de un presupuesto de aproximadamente S/17 millones, debido a que se encuentran en proceso de creación y saneamiento físico legal. Asimismo, otro claro ejemplo es Huaral, donde la división policial independiente solicitó 400 efectivos para combatir el crimen, pero solo recibió 150.

Si el Ejecutivo no toma acción al respecto, las mafias de venta ilegal de sustancias y tráfico de terrenos se abrirán paso en el puerto de Chancay. Si bien empresas inversoras como Cosco Shipping anunciaron la creación del Departamento Desconcentrado Portuario Antidrogas y la implementación de un escuadrón buzo antidrogas en Huaral y el uso de policía canina, las medidas continúan siendo insuficientes. El gobierno nacional tiene el trabajo de velar por la tranquilidad de los contribuyentes y continuar impulsando el desarrollo del país gracias a la inversión privada sin el fantasma de la criminalidad acechando las costas.