Polémica sobre Ley Forestal: los dos abordajes del problema
La Ley Forestal desató una polémica sin precedentes frente al uso de tierras para la actividad agrícola. Mientras los ambientalistas aseguran que esta norma admite la tala indiscriminada de bosques, las empresas privadas defienden el documento para continuar exportando productos a la Unión Europea.
Gabriela Llontop
Publicado 8:32 am, 8 febrero, 2024
El Congreso aprobó la Ley Forestal, una polémica norma que es criticada por ambientalistas bajo el argumento que el Estado peruano estaría abriendo paso a la deforestación indiscriminada de los bosques. Sin embargo, el objetivo de esta ley es muy diferente, pues con su promulgación se espera que el gobierno otorgue títulos habilitantes a las empresas que desarrollen actividades agrícolas en el menor tiempo posible para legitimar la legalidad y trazabilidad de sus tierras. Es decir, para justificar que las actividades que se desarrollan en la zona tienen validez ante las autoridades.
Pero, ¿por qué es necesario contar con títulos de tierras exprés? La razón es muy sencilla y está directamente relacionada con la implementación del Reglamento de Deforestación aprobado por la Unión Europea, el cual entrará en vigencia a partir de 2025 y evita que países de la mancomunidad adquieran productos agrícolas por parte de compañías que no sean capaces de justificar la legalidad de sus sembríos. Recordemos que en Perú no existe una correcta administración de zonas para agricultura y bosques, hecho que representa un grave inconveniente frente a la nueva regulación europea.
¿LE ABRE PASO A LA DEFORESTACIÓN?
Ante la controversia que trajo consigo la aprobación de esta ley, asociaciones de defensa de fauna y flora silvestre aseguraron que esta medida permitiría que las empresas privadas talen bosques enteros con el fin de utilizar los espacios para desarrollar actividades del agro. Su argumento se centra en la preservación de tierras dentro del territorio peruano. No obstante, esta narrativa no es del todo cierta, pues la ley no autoriza a que cualquiera pueda disponer de estos espacios para ejecutar actividades como la deforestación de bosques.
En cambio, a través de esta norma, el Estado reconoce el uso de suelo a las empresas que ya cuentan con un título de propiedad o constancia de posesión del espacio. Entonces, solo las compañías formales son capaces de contar con la documentación requerida para continuar funcionando. Si se deroga la ley, estas firmas nacionales y extranjeras dejarían de generar ventas a través de importaciones por su menor nivel de producción, lo cual dejaría en la calle a decenas de trabajadores formales y el nivel de recaudación tributaria nacional se reduciría en los próximos meses.
SOLUCIONES
Es importante reconocer que la ley no tiene la capacidad de ofrecer títulos ni dar de baja procesos como el litigio de tierras. Es decir, los procedimientos continúan su curso, porque la norma no modifica el código penal. Por ende, igual se impondrán sanciones a aquellos que transgredan las leyes de protección de nuestros ecosistemas.
Por este motivo, se debería apostar por esta ley en función de que puede servir como un mecanismo para formalizar empresas y fortalecer el sistema de fiscalización ambiental con una vigilancia exhaustiva que evite la deforestación de bosques. La norma no es perfecta, así que los órganos responsables deben evitar, por ejemplo, que se mantenga la permisividad frente al uso de tierra forestal, la cual admite la tala de hasta el 70% de la zona.
Asimismo, se debería clasificar las tierras a nivel nacional según el uso y no por “las características del suelo”, debido a que continuar con el modelo actual pone en riesgo el 84% de la actividad agrícola en el país. Por último, se puede implementar una moratoria para eliminar la entrega de títulos con tanta facilidad, esto limitaría el uso de bosques para la agricultura después de transcurrir un tiempo límite.
Gabriela Llontop
Periodista y redactora