Abuso municipal fuera de control: cierres arbitrarios y sanciones excesivas golpean a negocios formales

La decisión arbitraria de la Municipalidad de Ate al cerrar el restaurante Granja Azul puso sobre la mesa una serie de cuestionamientos sobre el abuso de poder que se ejerce en otros municipios como Surco, Santa Anita, Miraflores, Surquillo, Comas, San Isidro, Callao y en provincias.

La medida generó críticas desde la ciudadanía y empresariado debido a que, muchas veces, las sanciones son cerrar locales, generando perdidas o el quiebre de comercios. Sin embargo el miedo aún es más fuerte y se teme denunciar estos abusos por peores represalias de parte de los funcionarios municipales, quienes siguen actuando de esta forma sin que nadie haga nada al respecto.

Si Estado debe fomentar la actividad empresarial y así generar más puestos de trabajo, mas inversión, más riqueza, y de paso pagar sus propios sueldos que surgen de los impuestos de los contribuyentes, la clausura de un negocio debería ser realmente la última de las medidas, reservada para casos de verdadero peligro inminente para las personas; debiéndose recurrir a multas justas y accesibles para el resto de las infracciones administrativas. Así, los municipios deben cumplir su rol fiscalizador, pero se debe limitar la arbitrariedad de las autoridades administrativas para clausurar establecimientos comerciales temporalmente.

El director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, explicó a Vigilante.pe que se “detectó modalidades relacionadas con el abuso de poder, como cerrar locales utilizando la apariencia de una ley, creando un artificio legal diciendo que se infringe una norma cuando no es así; y extorsión como el caso Grin en Miraflores, donde le piden una colaboración tipo “responsabilidad social” cuando no es así”.

La empresa de micromovilidad Grin, anunció hace algunos meses a través de un comunicado, el cierre definitivo de su servicio de alquiler de scooters en espacios públicos de Lima, tras discrepancias con la Municipalidad de Miraflores que afectan sus operaciones en el país. La causa, la misma de siempre: arbitrariedad de la municipalidad de Miraflores, cuyo alcalde, Carlos Canales es cuestionado por varios temas, empezando por la creciente inseguridad en el distrito. El gerente de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores es el señor, John Heber Ortiz Aponte. Sobre él recae la responsabilidad de la supervisión de negocios y las posibles arbitrariedades que se podrían cometer.

Según Herrera, del Consejo Privado Anticorrupción, “Las autoridades creen que son reyes o señores feudales y que, por lo tanto, pueden hacer lo que quieran. Con ese pretexto absurdo de ‘mano dura’ lo que hacen es un abuso. La ley se debe aplicar con equilibrio, firmeza y justicia”, agregó.

En la misma línea, la presidenta del Comité de Restaurantes de AHORA Perú, Blanca Chávez, advirtió a Gestión que “en lo que va del año ya hay más clausuras arbitrarias en comparación al mismo periodo de anteriores. Y en regiones, muchas más”. Las noticias de pedidos de coimas alcanzan también al distrito de Barranco. Diversos lectores de Vigilante manifestaron que el cobro de cupos por parte de la Municipalidad es también harto conocido entre los emprendedores quienes no pueden hacer nada más que aceptar el chantaje porque las represalias serían peores.

CASO VERBENA

Existen situaciones similares a lo ocurrido con la Gran Azul, como el cierre de Open Plaza Angamos, Mis Costillitas y Larcomar, pero hay más. El restaurante Verbena, ubicada en Surco, fue clausurado de manera cuestionable y, actualmente, el comportamiento de los efectivos municipales linda con el acoso y la vulneración de derechos. La gerencia responsable de estos actos está a cargo de Abel Ramo Coral, Subgerente de Fiscalización y Coactiva Administrativa y del cuestionado Gerente de Desarrollo Económico, el señor Antonio Mezarina Tong, sobre quien pesan diversas denuncias bastante bien escondidas en la Fiscalía.

El caso del restaurante Verbena es también emblemático. Recibió el permiso legal y legítimo de funcionar durante la pandemia y a pesar de ello, las autoridades se lanzaron contra el emprendimiento gastronómico sin justificación alguna. Todo ello a pesar de que la empresa tenía todos los documentos en regla para funcionar y desarrollar un proyecto multidisciplinar enfocado en la creación, desarrollo de experiencias y productos culinarios peruanos.

Vigilante.pe conversó con el gerente de Verbena, Ricardo Goachet, sobre el cierre intempestivo de su local culinario. Según Goachet, la empresa tenía una licencia emitida en 2022 gracias a una ordenanza municipal (Ordenanza N° 656) que se creó para apoyar a los negocios en época de pandemia y en donde flexibilizaban la apertura de locales en zonas no comunes.

Sin embargo, “cuando se cambia de gestión se nos anuló la licencia de manera arbitraria, sin poder defendernos”. El documento de anulación fue firmado por el gerente de Desarrollo Económico de Surco, Antonio Mezzarina, cuestionado exalcalde de Barranco.

Mezzarina optó por cerrar el local sin recibir los descargos correspondientes. “Este caso en concreto constituye una revocatoria indirecta porque sin contar con un pronunciamiento expreso, la autoridad administrativa ha dejado sin efecto de manera total los derechos o intereses que confirió con anterioridad a los particulares”, argumenta sobre el caso.

Tras cerrar su restaurante, Goachet decidió compartir, de manera privada y no comercial, su proyecto gastronómico a familiares y conocidos. Esto pareció molestar a los funcionarios municipales, quienes desplegaron, con el dinero de todos los que pagan impuestos, una serie de medidas como colocar un cartel en la vía pública innecesario, o enviar vehículos de serenazgo de manera constante.

Lamentablemente, el caso de la Granja Azul, Verbena, Grin y otras tantas empresas es una muestra de los obstáculos que debe afrontar todos los días el empresario peruano, que finalmente es quien paga la cuenta del Estado y financia el sueldo de estos cuestionables funcionarios, sin poner en riesgo la vida, la salud o la propiedad de ningún vecino.

LA SOLUCION

Debido a la gran cantidad de denuncias sobre estas situaciones, en el Congreso se está debatiendo en dos comisiones el proyecto de ley que regula el cierre de locales comerciales. Este proyecto contemplaría que solo se puedan cerrar negocios en la medida en que de manera flagrante y explícita atenten contra la vida, la salud o la propiedad privada en el momento de la fiscalización. Esta norma, aunque no sería una solución integral, limitaría el poder de funcionarios que hoy prácticamente pueden hacer lo que les da la gana con los negocios.

A la fecha este proyecto de ley tiene el respaldo de gremios como Asociación PYME Perú, Asociación Empresarial Gamarra Perú, Mypes Unidas y otras. En el caso específico del cierre de la Granja Azul, la congresista Adriana Tudela solicitó información sobre los motivos que llevaron al municipio de Ate a tomar esa decisión.

El caso al día de hoy se ha resuelto y el local empezará a funcionar desde hoy, pero la arbitrariedad y el mecanismo autoritario aún sigue vigente por lo que otros negocios menos conocidos pueden sufrir los mismos abusos sin tener tanto apoyo mediático.