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¿Cómo se debe manejar el orden público en conflictos sociales?
El exministro Carlos Basombrío sostuvo que "no se puede confundir el rol de mantenimiento del orden con la solución a los problemas". En tanto, Amalia Ruiz explicó que el reto empresarial más grande es mantener el desarrollo en situaciones de conflicto, donde con o sin presencia del Estado, las compañías deben seguir velando por la integridad del país".
Paula Riolo
Publicado 3:42 pm, 8 junio, 2023
La convulsión social marcó al Perú entre los últimos meses del 2022 e inicios del 2023. Las protestas, que se concentraron en Lima y el sur del país, dejaron como lamentable saldo a 58 víctimas mortales y más de un millar de heridos. Para entender las causas de estas manifestaciones, que devinieron en actos violentos e ilícitos, y proponer mejoras a la respuesta del Estado, IPAE Acción Empresarial organizó el evento virtual CADEx “Desafíos en el manejo del orden público en los conflictos sociales”. El evento contó con la participación de Franco Olcese, director de Wiñaq; Amalia Ruiz, especialista en gestión social; y Carlos Basombrío, exministro del Interior.
En primer lugar, se reconocieron 4 pedidos importantes en las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte: la reposición de la libertad de Pedro Castillo, un posible cierre del Congreso, el pedido de la creación de Asamblea Constituyente y la renuncia de la presidenta. De acuerdo con Olcese, el movimiento estuvo concentrado en el sur del país, con Puno como centro, donde estuvieron la mayor cantidad de víctimas heridas y fallecidas.
¿CÓMO ENFRENTAR LAS PROTESTAS?
Por su lado, Carlos Basombrío hizo una distinción clara entre lo que es una protesta social y una política. «Lo que hemos vivido entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 fueron protestas políticas, en donde se pedían soluciones inmediatas para problemas concretos, como lo era exigir el regreso de Pedro Castillo», señaló.
El exministro explicó que dejar a los manifestantes con total libertad como recurrir al exceso de la fuerza, pueden ocasionar hechos violatorios a los derechos humanos. Por esta razón, recalcó la importancia de que los organismos armados que intervienen en situaciones de conflicto se rijan a las regulaciones nacionales de intervención de forma estricta. Asimismo, remarcó que «no se puede confundir el rol de mantenimiento del orden con la solución a los problemas. La participación de la policía no soluciona ningún problema, pero si se actúa incorrectamente, se pueden empeorar los conflictos».
Basombrío afirmó que el reto más grande al momento de enfrentar conflictos sociales es tener instituciones fortalecidas con suficientes recursos asignados, que sean capaces de actuar en beneficio de la población y del Estado.
¿CÓMO AFECTAN LAS MANIFESTACIONES A LA INVERSIÓN?
Amalia Ruiz comentó en el conversatorio que las violentas protestas debilitan la inversión privada a nivel nacional. En enero y febrero de este año, 14 regiones perdieron al rededor de S/ 64,4 millones diarios provenientes de la inversión privada. Confirmó que las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno fueron las más afectadas y, dentro de ellas, las pérdidas más altas las registró el sector minero.
Desde su punto de vista, el reto empresarial más grande es mantener el desarrollo en situaciones de conflicto, donde con o sin presencia del Estado, las compañías deben seguir velando por la integridad del país.
En ese sentido, recomienda que aquellas compañías inversoras construyan puentes de relación con la policía y fuerzas armadas, no con un aspecto coercitivo, sino para garantizar su bienestar de cara a la población.
Es importante recordar que los ciudadanos tenemos el derecho de exigir que las autoridades rindan cuentas y respondan ante lo que están haciendo en nuestro país. Debido a que son nuestros impuestos los que financian el trabajo de las autoridades, tenemos el deber de exigir que ese aporte sea devuelto a la población con atención de calidad.
Paula Riolo
Periodista y redactora
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