Corrupción asedia Puno: hay 355 casos en investigación

La región Puno sufre los estragos de la corrupción y acumula 355 casos de corrupción en estado de investigación, según un informe de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción al que accedió Vigilante.pe. En el documento llamado “Avance de la Corrupción desde la Perspectiva de la Defensa Jurídica del Estado» se detalla que los funcionarios investigados habrían incurrido en delitos de colusión, malversación, y peculado. En esa línea, se concluyó que los funcionarios procesados incurren principalmente en apropiación de caudales del Estado.

Según el informe, la mayor cantidad de casos están en la provincia de Azángaro, con 68 casos (19.2%). Le siguen Puno con 47 casos (13.2%) y Carabaya con 46 (13%).  Lamentablemente, todas las provincias de Puno tienen investigaciones por corrupción.

De la totalidad de los casos investigados, la mayor incidencia de corrupción registra el delito de peculado con 171 casos (41.91%), le sigue el delito de colusión con 106 casos (25.92%), mientras, que 32 casos (7.84%) registran el delito de malversación. Además, 244  casos (68.73%) están  relacionados a contrataciones estatales.

Por otro lado, los 355 casos se encuentran en los siguientes estados:

• 219 casos de corrupción se encuentran en la etapa de investigación preparatoria: 160 están en diligencias preliminares y 59 casos en investigación formalizada
• 52 casos en la etapa intermedia.
• 34 casos en etapa de juzgamiento.

Por último, 223 casos de corrupción se hallan en las municipalidades distritales, 105 casos en las municipalidades provinciales y 24 casos en el gobierno regional.

Actualmente se encuentran bajo investigación Pablo Fuentes Guzmán, ex gobernador de Puno (2007-2010), y tiene 6 procesos activos por los delitos de peculado, colusión, malversación y aprovechamiento del puesto.

Asimismo, cabe mencionar que de acuerdo al informe del Mega Operativo de Control al Gobierno Nacional de la Contraloría General de la República, en el 2021, Puno acumuló un perjuicio económico de más de S/ 1 105 millones por casos de corrupción.