Presidente de Bolivia captura fondos de pensiones como último recurso: ¿Qué hizo Arce?

La crisis económica de Bolivia tiene al presidente Luis Arce buscando soluciones donde no las hay. El país sufre el déficit de las cuentas públicas, una inflación sin precedentes y la escasez de gas, su principal recurso natural, por falta de inversiones. Como manotazo de ahogado, Arce anunció la estatización de los fondos de pensiones para evitar el colapso financiero.

¿De qué trata esta estrategia?

Hasta el 2010, los fondos de pensiones en Bolivia eran administrados por el banco español BBVA y por la aseguradora suiza Zurich. Esto cambió cuando la reforma constitucional de ese año estableció que el Estado debía volver a administrar las jubilaciones y pensiones. Se creó una unidad destinada a recuperar los activos administrados por los privados, llamada “Gestora”, pero su rígida gestión los obligó a invertir sus fondos en activos públicos y en bonos del tesoro boliviano. Es decir, se financiaban con los ahorros de los futuros jubilados.

Bajo ese contexto, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia bajaron de 15.123 millones dólares en 2015 a  3.538 millones en febrero de este 2023, y solo 302 millones están en divisas, lo que significa que Bolivia lleva una década con un déficit fiscal anual de más de 7%.

Sin otra fuente de financiamiento disponible, el Gobierno anunció la emisión de Bonos Soberanos a 20, 30 y 50 años de plazo con tasas de interés de 4.8%, 5% y 5,1% y venderlos a las AFP´s. A la fecha,  el total de la Cartera de Inversiones del Sistema Integrado de Pensiones (SIP) se divide en 69,6% de instrumentos nacionales y 30.4% de Bonos del Tesoro y en Bonos de Deuda Soberana. Según datos de la Entidad Regulatoria de Pensiones y Seguros boliviana, a septiembre del año 2022, el ahorro del SIP fue de USD 23.967 millones, del cual casi un tercio del total es deuda estatal.

El escenario incierto de la economía boliviana preocupa a los ciudadanos, quienes creen podría haber otra clase de negocios. En la época en que Arce era ministro de Economía, firmó la compra de un software para el sistema de pensiones. Por el primer contrato, una cuenta en Panamá US$3 millones, pero Bolivia nunca tuvo software.

Luego, un contrato de  US$11 millones fue firmado con una entidad colombiana para que esta que se quedara con la información de los fondos de pensiones, pero este fue congelado y la documentación donde se evidenciaba corrupción fue llevado a tribunal, pero la investigación desapareció.

Los antecedentes turbios que rodean el tema advierten que podría darse una malversión de los fondos, donde, por ejemplo, ciudadanos vivos figuran como fallecidos en el registro nacional, y terceros podrían cobrar fondos en su nombres. Otro riesgo sería el colchón de dinero que financiaría gastos corrientes, lo que está prohibido por ley pero que se viene haciendo, de acuerdo con las denuncias de la oposición, para hacer proyectos de infraestructura que cuentan con financiamiento conjunto de Rusia e Irán, lo que enciende las alarmas de los bolivianos.