Minería ilegal: ¿cuál es su impacto en nuestra economía y ecosistema?

Solo en Madre de Dios existirían casi 50 mil personas dedicadas a la minería ilegal e informal. El alto precio por la onza de oro, la inestabilidad institucional y la pésima oferta laboral formal por parte del gobierno son tres de los factores que promueven el incremento de esta actividad que perjudica seriamente nuestros ecosistemas

Las consecuencias que trae consigo la práctica ilegal de exploración y extracción de hidrocarburos es un secreto a voces al que nuestras autoridades deciden no prestarle atención. Lamentablemente, esto está ocasionando problemas irreversibles en nuestra amazonía, pero también perpetúa la idea de que en Perú prima la “ley del más vivo”.

A raíz de los últimos reportes sobre asesinatos de mineros informales e ilegales en Otuzco, La Libertad, los cuales ya suman un total de 54 solo durante el último año, es importante comprender qué consecuencias trae consigo la minería no regulada a nuestra economía y, por supuesto, al medio ambiente.

Un informe elaborado por expertos del Proyecto Prevenir de USAID reveló que solo en Madre de Dios existe un total de 46,605 mineros ilegales e informales, los cuales continúan extrayendo oro de ríos y lagos, pese a las prohibiciones del Estado.

Para la elaboración de este documento, el Proyecto Prevenir hizo uso de imágenes satelitales de alta resolución para identificar el tipo de materiales utilizados por estos mineros para completar sus tareas y, sobre todo, para observar sus ubicaciones de trabajo. 

Esta cifra no solo demuestra como una de la regiones más ricas en minerales viene siendo fuertemente golpeada por la minería, sino que también deja en evidencia que la cifra total de mineros ilegales a nivel nacional supera las 50 mil personas, hecho que contradice ampliamente el reporte de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de 2020.

Los constantes enfrentamientos de tierras en Arequipa, Puno o Cusco también evidencian este serio problema que no viene siendo regulado adecuadamente por los gobernantes de turno, quienes, además, cuentan con una postura antiminería formal. 

¿Cómo se ven afectados nuestros ecosistemas?

Estas prácticas vienen perjudicando nuestros bosques, ríos y lagunas a nivel nacional, debido a que la extracción de estos hidrocarburos no solo requiere el uso de maquinaría especial, sino también de la tala excesiva de árboles y la succión de agua por periodos indefinidos. 

A esto le sumamos que el 26% de esta actividad ilícita se desarrolla en áreas protegidas y que el 14% se lleva a cabo en zonas indígenas, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.

Además, el mercurio empleado por los equipos de extracción y exploración contaminan la vegetación. Hasta 2018, Artisan Gold Council reveló que alrededor de 180 toneladas de mercurio contaminaron el suelo y agua de Madre de Dios.

¿Cómo nos afecta a nivel económico?

Otros datos sumamente preocupantes que evidencian la presencia de la minería ilegal e informal en Perú es el movimiento extraño de dinero en cuentas bancarias. A la fecha, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 3,900 personas estarían involucradas en operaciones bancarias sospechosas, de las cuales el 36% son personas jurídicas y 64% naturales.

Esto no solo permite observar que existe un movimiento inusual de activos por la compra, venta o exportación de minerales, sino que también deja claro que este dinero nunca llegará a las arcas comunales de cada región para incentivar el desarrollo y crecimiento urbano de las zonas en donde se llevan a cabo estos proyectos.

Es necesario recordar que las empresas mineras formales constituyen parte importante del PBI nacional y regional. Además, son las responsables de asignar un presupuesto de canon y regalías mineras, monto que es empleado en la construcción y ejecución de proyectos de saneamiento, salud, educación y recreación.

¿Qué motiva la minería ilegal?

De acuerdo al grupo de expertos del Proyecto Prevenir, existen 3 principales factores que promueven el crecimiento de los índices de la minería ilegal e informal. El primero de ellos es el alto precio de la onza de oro, el cual pasó de costar $280 en 2002 a $1400 durante este último año.

El segundo factor es la crisis institucional y política que azota duramente al país, pues los gobernantes son incapaces de imponer su autoridad y frenar, con el uso de vías legales, la ejecución de esta práctica.

Por último, nos encontramos con la falta de oportunidades en el interior del país, la cual no es impulsada por el gobierno central y, mucho menos, por los gobiernos regionales y municipalidades.