Proponen «ajuste» legal para evitar que rondas campesinas vulneren derechos humanos
Redacción Vigilante
Publicado 3:44 pm, 13 julio, 2022
Tras las tortura de mujeres a manos de un grupo de ronderos en La Libertad y el reciente secuestro de periodistas en Cajamarca, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana evaluará el artículo de la Constitución que permite a estos grupos comunales «ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial».
La ronda campesina de Chillia, La Libertad, liberó recién la madrugada del martes 12 a las seis mujeres que estuvieron secuestradas desde inicios de mes, acusadas de ejercer la brujería y sometidas a golpes y torturas. Esta grave situación se suma a otro caso similar, ocurrido en Cajamarca, donde dos periodistas fueron secuestrados por varias horas por ronderos del centro poblado de Las Palmas.
Según el subprefecto distrital de Chillia, Isaías Gonzáles Vega, a la fecha, «todas están liberadas, seis mujeres, ya no queda más nadie detenida». Por otro lado, el presidente de la ronda denunciada, Manuel Quijano, remarcó que la condición para la liberación de estas personas es que retiren las denuncias por secuestro en contra de los ronderos.
La grave situación generó el repudio y rechazo de la ciudadanía, porque evidencia una mala aplicación del artículo 149 de la Constitución, que le permite a las rondas campesinas “ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”. Evidentemente, las rondas de ambas comunidades no respetaron esto último al secuestrar y torturar gente.
Por su parte, la Fiscalía de Pataz abrió una investigación de oficio por el presunto delito contra la libertad, en agravio “de siete mujeres y un hombre fueron liberados tras haber sido retenidos por las rondas campesinas del distrito de Chilia,en La Libertad”.
SE VIENEN AJUSTES
Ante esta situación, el presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el congresista Alfredo Azurín, anunció que se viene analizando la modificatoria del mencionado artiículo constitucional, con la finalidad de evitar que las rondas vuelvan a perpetrar dichos delitos.
“Las rondas cumplieron un rol importante en la lucha contra el terrorismo, y se enfocaron en ello, pero estamos en una época distinta. Considero que debe haber ajustes a ese artículo. Entiendo la labor de las rondas campesinas, pero que esto no se degenere. Lo que ha pasado con las mujeres secuestradas es absurdo. No estamos en la época medieval. Debemos marcar una posición y que se condene a las personas que ha violado el derechos de las otras personas”, remarcó.
Por su parte, el especialista en temas de seguridad Pedro Yaranga sostuvo que algunas rondas de Cajamarca se están extralimitando. «Las rondas campesinas del distrito de Santa Rosa de Huasmín, en la provincia de Celendín (Cajamarca), por motivos que se desconocen, torturaron a una mujer hasta dejarla en grave estado. ¿Así actúan las rondas? , cuestinó.
«Las rondas campesinas, principalmente de Cajamarca, se sienten empoderados y amparados por el apoyo político que les brinda el presidente Castillo. Por eso cometen vejaciones y torturas contra pobladores desprotegidos. Ojo, pero no son todas las rondas”, agregó Yaranga.
En tanto, la congresista Karol Paredes afirmó que “la vulneración de los derechos humanos no debe permitirse”, pero pidió que “no desvirtúen su rol para el que fueron creadas y seguir contribuyendo con la paz de sus comunidades”.
El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas, Valentín Sánchez, afirmó que la decisión del mandatario de incorporar a la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P) a la Base de datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) permitirán que estos grupos puedan participar de consultas previas y decidir sobre proyectos de inversión y desarrollo en el país. En ese sentido, remarcó que es “una muestra del claro interés del jefe de Estado de usar políticamente a las rondas”.
Sobre ello, el gobierno también reconoció a otras siete organizaciones representativas de pueblos indígenas u originarios a nivel nacional. Estas son Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, y la Confederación Nacional Agraria (CNA).