Informe que usó Aníbal Torres para destituir al procurador Daniel Soria habría sido falsificado
El abogado Fernando Ugaz presentó un documento al entonces ministro de Justicia con una firma adulterada, el cual usó luego para retirar del cargo al abogado del Estado que había denunciado al presidente Castillo. La Fiscalía ya abrió una investigación por el presunto delito de falsedad genérica.
El documento utilizado por el exministro de Justicia y Derechos Humanos y hoy premier, Aníbal Torres, para remover del cargo a la entonces cabeza de la Procuraduría General del Estado, Daniel Soria, habría sido falsificado.
Según evidenció un informe Punto Final, el abogado Fernando Ugaz envió el 9 de noviembre del 2021 un oficio a Torres en el que decía que Soria “no cumplía los requisitos para el cargo”, y ponía en conocimiento supuestas “conductas delictivas e irregulares del procurador”, al señalar que el funcionario carecía de conocimiento y trayectoria en la defensa jurídica del Estado.
Así, Torres y el mandatario firmaron el primero de febrero la resolución suprema que dio por concluida la designación de Soria, amparándose en el documento enviado por Ugaz.
El documento, que propició la salida de Soria, llevaba la firma de la abogada Milena Anton, quien pertenecía al estudio de abogados Ugaz & Zegarra. Sin embargo, al ser consultada sobre ello, Anton negó que haya firmado el documento que le costó el cargo a Soria. “Yo no soy autora de ese documento. Lo desconozco”, declaró al programa periodístico.
Anton reclamó a Ugaz por la irregularidad, pero este responsabilizó a otra empleada del estudio de nombre Cristina Aranda, quien ante la situación no declaró. “Tú lo autorizaste pero ahora culpas a Cristina. Eso no es así”, le increpó a Ugaz.
Ante la delicada denuncia, la sexta Fiscalía Corporativa Penal de Lima abrió una investigación por el presunto delito de falsedad genérica.
Aníbal Torres, cuando era ministro de Justicia, afirmó que revisaría la designación de Soria, luego de que el procurador denunció al presidente Castillo y pidió que se le investigue por sus irregulares reuniones en el despacho clandestino de Sarratea; por la ya anulada licitación el proyecto puente Tarata III; las denuncias de injerencia política en los ascensos de las FFAA y la Policía; y el caso de las presiones al jefe de la Sunat.
Además, Ugaz fue abogado de la lobista Karelim López y el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, quienes están implicados en los casos que justamente Soria investigaba.