La justicia no es confiable y dependemos de ella, por Eduardo Herrera

Si usted analiza los escándalos de corrupción de los últimos tiempos, podrá arribar claramente a una secuencia muy establecida.

Primero, la prensa evidencia el escándalo. Acto seguido se produce una viralización del tema y existen muchas reacciones de la opinión pública. En este gobierno, a diferencia de otros, la nota característica es el silencio y luego alguna explicación (casi siempre de corte legalista, pero sin contundencia real) o simplemente la negación frontal. Lo que sigue es que el escandalo se diluye hasta el próximo lanzamiento.

A consecuencia de esto, usualmente, se producen algunas reacciones más. El Congreso suele formar una Comisión Investigadora o algún funcionario de menor rango sale despedido de la escena.  

En la mayoría de los escándalos recientes, la Contraloría ha intervenido posteriormente y el sistema de justicia también. De hecho, se ha vuelto ya frecuente alguna visita o pedido de información formal de la Fiscalía, cuestionada a veces por su demora en la acción.

De todo esto podemos obtener una primera conclusión: la justicia en este país, cuando se trata de corrupción al más alto nivel gubernamental, reacciona y no se adelanta o toma iniciativa. Si no es por la conducta persistente de la prensa, casi siempre viviríamos a oscuras.

Ahora bien, esto no supone que -en todos los casos- la justicia actúe mal o tarde. Hay algunos intentos heroicos e individuales de Fiscales o Jueces esforzados que despuntan más allá del sistema. Casi con rebeldía van persiguiendo el delito cueste lo que cueste, caiga quien caiga.

Aún así, y más allá de mis involuntarias resistencias al sistema como está en la actualidad, tengo la impresión que la justicia en el Perú termina no siendo confiable. Y esto se da básicamente porque el esfuerzo del que hablé anteriormente no es institucional. Son disparos en solitario de personas heroicas que a veces se lanzan por su cuenta sin contar con el “agrado” o respaldo de las cabezas de la justicia nacional.

La primera vía por la cual se realiza una lucha contra la corrupción eficiente y eficaz es el “enforcement” o, en otras palabras, que la ley se cumpla para todos. El encargado natural de que la ley se cumpla es -debería ser- la justicia. No obstante, en este país, ninguna autoridad ha tomado este tema como bandera y más bien apreciamos, en su mayoría, un notorio interés por tirar la basura debajo de la alfombra. Muchas comisiones de reforma, mucha medida aislada, mucha ley, mucha campaña; pero nada integral, sistémico y permanente. No hay reforma, nada cambia.

Sin perjuicio de resaltar que en “enforcement” no es la vía única, ni la más sostenible, tenemos la solución “más rápida” frente a nosotros y parece a todos no llamarnos la atención. Solo nos interesa la justicia cuando tocan a una persona cercana o alguien tiene la ocasión de que su caso sea publicitado en redes sociales y este avance. Por lo demás vivimos, de espaldas a la justicia.