EDITORIAL: Tenemos un Estado poco saludable, por José Ignacio Beteta
No hay día de la semana en que no aparezca en nuestro celular un video, una historia o una foto de alguien practicando algún deporte o ejercitándose para vivir una vida saludable.
Las frases son típicas: “hoy se logró, gente”; “se sufre pero se gana”; “hoy se entrena”. La vida saludable va ganando terreno en alimentación, actividad física, salud mental, responsabilidad frente a la naturaleza, y en casi todos los sectores socio económicos.
Dicho esto, cabe preguntarse lo siguiente: si el Estado está compuesto de cientos de miles de seres humanos que aspiran a tener una vida personal saludable, ¿por qué no aplican esa mentalidad a la gestión de los recursos de los contribuyentes?
Los recursos que los contribuyentes inyectamos al Estado son proteína limpia y energía pura. Deberían servir para construir procesos eficientes, ligeros, transparentes, en los que se priorice el bienestar de los ciudadanos, no el de los políticos. Pero esto no es lo que ocurre.
Les doy un ejemplo grave de este problema. Globalmente, Perú fue uno de los peores países en el manejo de la pandemia durante el gobierno de Martín Vizcarra, y la causa de este fracaso no fue la falta de “energía” o “proteínas”. Según la Contraloría General de la República (CGR), en 2020 se destinaron casi 125 mil millones de soles a la lucha contra el Covid-19.
Esta notable cifra se reflejó en el incremento del presupuesto de compra y contratación de bienes y servicios en los gobiernos subnacionales (35.8%). Por su parte, el rubro de contratación de “personal y otros” en el gobierno nacional creció en 26%. En el balance final, el Estado peruano gastó 14 mil milones de soles más que en el 2019 en contrataciones de servicios y compra de bienes, ¿pero a qué precio?
En la fotografía final, Perú fue en varios momentos el primero en muertes por millón de habitantes, el primero en caída del producto bruto interno (PBI), y uno de los primeros en el ranking de restricciones, toques de queda y confinamientos, afectando la salud económica y mental del pueblo.
El problema del Estado peruano no es su falta de energía o proteínas. El problema del Estado peruano es que la mentalidad de la mayoría de sus funcionarios y la calidad de sus procesos no son saludables. No existe en ellos una sincera voluntad de reducir grasa (burocracia) o ingredientes tóxicos (corrupción). Tampoco existen incentivos para acelerar su metabolismo (premiar la honestidad, la eficiencia y la eficacia) y fortalecer la disciplina (severos, reales y rápidos castigos a los corruptos).
Si algo podemos pedir en el 2022 es que toda esta corriente tan positiva de vida saludable se incorpore en la gestión del Estado y en quienes trabajan en él, gracias a la energía y las proteínas que le inyectamos los contribuyentes. Sí se puede, gente.