Áncash, Ica y Lambayeque dejaron de usar más de S/ 220 millones de su presupuesto covid-19 este año
Redacción Vigilante
Publicado 7:04 am, 29 noviembre, 2021
En 2021, los gobiernos regionales contaban entre todos con más de S/ 3 mil millones para enfrentar al coronavirus. En este informe, Vigilante identifica a tres regiones que han ejecutado menos del 60 % de su presupuesto para la lucha contra la covid-19 a casi un mes de terminar el año.
En la ciudad de Caraz, en Áncash, vive Clemente Teodor López (70). Él y su familia pasaron la primera y segunda ola en un lugar donde no había camas UCI. “Muchos han fallecido fuera de su tierra. Acá en Caraz la gente ha sufrido mucho. La mayoría ha muerto por falta de camas UCI”, contó a Vigilante. Las ambulancias médicas, narra Clemente, llevaban a los pacientes que requerían de una cama UCI a Huaraz, y como no encontraban, tenían que ir hasta Chimbote. Incluso -recuerda Clemente- otros fueron llevados a lugares más lejanos como Trujillo, en busca de sobrevivir.
“Varias personas han muerto en Chimbote o en Trujillo. En Lima también. Y los han tenido que enterrar allá lejos de su tierra y sin su familia”, explica Clemente Teodor, quien espera que el gobierno regional y central se acuerde de su región y se implemente más hospitales y colegios. En su casa nadie se ha contagiado de covid-19 hasta el momento, pero muchos familiares, amigos o excompañeros de trabajo no sobrevivieron al virus.
El pasado 24 de noviembre, según el registro de camas UCI en la página oficial de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, solo quedaba una disponible en toda la región, ubicada en el Hospital III de Chimbote, mientras las otras 56 estaban ocupadas. Situación que causa alarma pues según el último reporte de Diresa, la cifra de defunciones por la covid-19 en Áncash se viene incrementando. En lo que va de noviembre se han registrado 23 defunciones, frente a las 19 que hubo en octubre. En lo que va de la pandemia, en Áncash ya han fallecido 6,700 personas debido a esta enfermedad.
Remontándonos a principios de año, los gobiernos regionales contaban con más de S/ 3 mil millones 700 mil para enfrentar la crisis sanitaria, dinero asignado por el Gobierno Central. Vigilante revisó el avance de ejecución de este presupuesto en los 24 gobiernos regionales —incluyendo Lima y el Callao— e identificó que casi al cierre del mes de noviembre tres de ellos resultaron ser malos ejecutores presupuestales en tiempos de pandemia. Entre esas regiones, está Áncash, el hogar de Clemente y su familia.
Además de Áncash con el 59.3% del presupuesto ejecutado también figuran Ica con 59.5% y Lambayeque con 59.7%. Todos debajo del 60% del presupuesto utilizado mientras el 2021 se acaba. Estas cifras corresponden a información registrada en las páginas oficiales de Transparencia Económica del MEF, seguimiento de ejecución presupuestal covid-19 del Ministerio de Salud y la Contraloría General de la República.
Esto sucede en el contexto de una posible tercera ola, según informó el pasado lunes 22 el ministro de Salud Hernando Cevallos, quien advirtió que existe “un rebrote” de casos de contagio de coronavirus de acuerdo con las cifras de las tres últimas semanas en algunas provincias del país. Sumado a ello, el último sábado 26, el Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica por un incremento del 19 % de casos de contagios en 8 regiones del país. Una de las localidades identificadas con un alto nivel de riesgo es Santa, en Áncash.
El presupuesto asignado a los gobiernos regionales podía ser invertido, según el MEF, en prevención, control y diagnóstico del virus; adquisición de kits de limpieza, desinfección y seguridad; contratación de personal CAS encargados de la prevención, control y diagnóstico del virus, recojo de cadáveres e intervenciones en mercados de abastos, vigilancia epidemiológica; adquisición de insumos e instrumentos médicos para la prestación de servicios de salud; servicios de hospitalización y pre-hospitalización; mantenimiento de hospitales; e infraestructura educativa.
Lo que dejaron de usar
Áncash, que contaba con más de S/ 245 millones, dejó de usar más de S/ 100 millones. Ica, que contaba con más de S/ 150 millones, dejó de usar más de S/ 60 millones. Y, por último, Lambayeque, que contaba con más de S/ 148 millones, dejó de usar casi S/ 60 millones. En conjunto, estas tres regiones no gastaron más de S/ 220 millones del presupuesto asignado por el gobierno central para la lucha contra la pandemia.
Tengamos en cuenta que según el semáforo de Ejecución Presupuestal Covid-19 en Regiones del Minsa, la mayoría de regiones supera el 70 % de ejecución e incluso el 80 %. Según este indicador del Minsa, únicamente Ucayali y Piura están en verde por superar el 80 %, mientras que todas las demás regiones están en amarillo por tener entre 40% y 80% de presupuesto ejecutado. Ucayali registra 87.2 % de avance de estos recursos y Piura el 80.4 %, le sigue Tacna con 79.1 %. Inexplicablemente, para el semáforo del Minsa no hay ninguna región en rojo, pues para ello su ejecución del presupuesto debiera ser menor del 40%.
Vigilante también identificó que dentro de cada gobierno regional, hay otras metas de inversión del presupuesto que tampoco han sido ejecutadas de manera eficiente. Es el caso de la Sede Central del Gobierno Regional de Áncash, que apenas ha ejecutado el 16.3 % de los recursos que tenía para enfrentar la pandemia. Igualmente, en dos centros de salud de Ica se registra una ejecución por debajo del 60%. Se trata del Hospital de Apoyo Santa María del Socorro con 38.9 % de avance y el Hospital San José de Chincha con 58.2 %. En el caso de la región Lambayeque, el Hospital Belén con una ejecución del 52% y la Sede Central del Gobierno Regional de Lambayeque con apenas 16.1 % del avance de la ejecución de estos recursos para hacer frente al coronavirus.
En el caso del Hospital de Apoyo Santa María del Socorro de Ica, ya desde el año pasado, durante la etapa más difícil de la segunda ola de la pandemia, la Contraloría identificó equipos biomédicos inoperativos y equipos con deficiencias técnicas, lo que, señaló el ente de control concurrente, generaría un riesgo en la respuesta oportuna en la atención de los pacientes con covid-19. Además, trabajadores de limpieza de la municipalidad de Ica denunciaron que este hospital hacía un mal manejo de los desechos biocontaminados como guantes, mandiles, mascarillas, agujas y jeringas, que eran arrojados en bolsas simples exponiendo a trabajadores a contagios de covid-19 y otras enfermedades.
La respuesta de Áncash
Nos comunicamos con el director de la Dirección Regional de Salud de Áncash, el doctor Guillermo Morales para consultarle sobre la complicada situación que atraviesa la región con la pandemia, en el contexto de una baja ejecución de su presupuesto destinado a la covid-19. Sobre la falta de camas UCI, Morales explicó que, efectivamente, solo quedaba una cama UCI, mientras las otras se encuentran ocupadas por pacientes covid y de otras patologías.
“Hace tres meses se solicitaron más al gobierno regional, ya que ellos manejan el dinero del presupuesto para covid-19, pero hasta ahora no hay una fecha de entrega. Hemos pedido [un presupuesto] 10 camas para cada hospital [12 hospitales en total]. Es un proceso que ya está en el gobierno regional. Como rectores de la salud vamos a exigir que la compra se haga lo más pronto posible”, precisa Morales. Pero no puede dar una fecha.
Al problema de la falta de camas UCI en la región Áncash, se suma una huelga de 19 médicos especialistas del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Nuevo Chimbote, debido a que no se les ha pagado sus sueldos del mes de octubre ni noviembre.
Al respecto, el área de prensa del hospital indicó a Vigilante que el pago no se ha realizado porque la institución de salud no cuenta con presupuesto en Recursos Ordinarios (recursos del tesoro público que financiar actividades) debido a un problema suscitado a inicios de año en la inscripción de los registros del aplicativo para registrar planillas y datos de recursos humanos del sector público conocido como Airhsp. Este paro médico ocasionó un perjuicio para al menos 200 pacientes de este centro de salud. Según información del MEF, Minsa y Contraloría, este nosocomio ha ejecutado 72.5 % de su presupuesto covid-19.
“Hasta el momento no hay una solución ya que el responsable de esto es el gobierno regional quien debe gestionar para que el MEF transfiera un presupuesto que fue enviado a Pomabamba [provincia de Áncash] en un momento de pandemia, porque no se gastó y eso afectó a los médicos. Ahora no hay respuesta, se está gestionando”, indicó el área de prensa del hospital.
Estos problemas suceden bajo una gestión regional que no ha utilizado al menos el 40 % del presupuesto a poco más de un mes de acabar el año. Al respecto, el director de la Diresa de Áncash argumentó a Vigilante que el monto ejecutado que se visualiza en la página del Minsa no es exacto, ya que se han comprado recientemente pruebas de antígenos y balones de oxígeno, y que aún falta devengar ese monto. Según sus propios cálculos, Áncash habría utilizado al menos el 70% de su presupuesto a la fecha.
Ica y Lambayeque
Mientras tanto, en Ica, según un último informe de la Defensoría del Pueblo, Diresa Ica reporta falta de recursos económicos para el mantenimiento de las plantas de oxígeno medicinal e insuficiente balones de oxígeno. Ello cuando le falta ejecutar al menos un 40 % de su presupuesto.
Además, recientemente la Defensoría del Pueblo advirtió que el hospital regional de Ica no tenía camas UCI. Aunque se implementaron cinco camas, la Defensoría señaló que este número es insuficiente y recomendó que “gestione el incremento de camas UCI con los recursos humanos”.
En Lambayeque, actualmente en alerta por el incremento de casos covid-19 de la variante delta, trabajadores administrativos y sanitarios del Hospital Belén denuncian que carecen de insumos y servicios óptimos para la asistencia médica como un área especializada, implementos de bioseguridad, una planta de oxígeno medicinal y el pago al personal CAS. Según información del MEF, Minsa y Contraloría, este centro de salud ha ejecutado solo el 52 % de su presupuesto destinado a la pandemia.
Vigilante se contactó con el área de prensa del Gobierno Regional de Ica y Lambayeque para consultarles los motivos de la baja ejecución presupuestal para combatir la pandemia, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
Baja ejecución por ineficiencia e incapacidad
Para Iván Lanegra, Secretario General de la asociación civil Transparencia, esta baja ejecución presupuestal en regiones no es un hecho inédito pues los gobiernos regionales siempre han tenido dificultades para ejecutar presupuestos de manera eficiente. Lo distinto y que causa alarma, indica, es que estamos frente a recursos destinados a una situación de urgencia y emergencia.
“Las autoridades competentes debieron hacer un esfuerzo mayor para cumplir con ejecutar ese gasto de recursos. El que no lo hayan hecho así, denota falta de capacidades. Normalmente ni siquiera tiene que ser vinculado a un problema de corrupción. En estos casos, suele ser pura ineficiencia e incapacidad”, señala Lanegra.
Para Lanegra, lo preocupante es el impacto directo que puede causar esta baja ejecución a la ciudadanía. “Un recurso que no se ejecuta es un servicio que no se prestó en el tiempo planificado. Eso reduce el acceso de la ciudadanía a mejores infraestructuras o servicios (…) Pudo haber salvado una vida, prevenido un contagio, mejorado la calidad de vida de un paciente covid- 19”, agrega.
Finalmente, recuerda las malas experiencias de ejecuciones de presupuesto en regiones en otras situaciones de emergencia como el terremoto de Pisco en el año 2007 o el desastre provocado por el Fenómeno de El Niño Costero en el norte del país en 2017. “Para un cambio en uso eficiente de los recursos en situaciones como estas se requiere crear capacidades a nivel regional”, dice.
¿Quiénes son los responsables de monitorear la ejecución de presupuestos?
En ese sentido, la abogada Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, dijo a Vigilante, mediante un documento, que el encargado responsable de monitorear la ejecución de estos presupuestos “es el titular del pliego del gobierno regional (…) Así como de conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos (…)”. Además, al interior del gobierno regional debería existir una Oficina de Presupuesto o una que la reemplace, que sea responsable del monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos.
La entidad externa a los gobiernos regionales que debe monitorear el buen uso del presupuesto es la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Este es un ente rector que tiene como principal función programar, dirigir, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario de los gobiernos regionales, según explicó la Defensoría del Pueblo. Otra área que tiene como fin lograr mayor fiscalización de este tipo, es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, órgano del mismo Ministerio “que tiene como función supervisar los avances de inversiones de los gobiernos regionales respecto del avance del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicio”, explica Abanto.
De cualquier forma, la mala gestión de los recursos, carencias en las competencias fiscalizadoras y entes reguladores, pone a personas como Clemente Teodor -un adulto mayor de la provincia de Caraz en Áncash- y a tantos otros ciudadanas y ciudadanos vulnerables en todo el Perú, en constante peligro. Sin importar si está iniciando una tercera ola o no, ellos siempre estarán expuestos.
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