Alcalde de Virú recibirá una citación en la Comisión de Fiscalización por irregularidades en obras municipales durante su gestión
Las obras inconclusas en la provincia de Virú fueron foco de atención para el congresista electo por La Libertad, Diego Bazán, quien visitó dos de las cuestionadas infraestructuras paralizadas en la zona e hizo un llamado a fiscalizar el trabajo del alcalde Andrés Chávez Gonzáles
Durante la Semana de Representación, el congresista Diego Bazán Calderón visitó las obras paralizadas de dos centros educativos que vendrían siendo ejecutadas por la Municipalidad de la provincia de Virú. Según fuentes del diario local La Industria, hasta la fecha el alcalde provincial, Andrés Chávez Gonzáles, no habría entregado los centros educativos debido a las presuntas irregularidades asociadas a su gestión.
Las obras en cuestión corresponden a la Institución Educativa 80702 María Sandoval Robles, ubicado en el Centro Poblado California. Y el colegio número 81590 San Idelfonso, mismo que, al no haberse culminado, vienen afectando a gran parte de la población.
El congresista y exmiembro de la bancada de Renovación Popular señaló que existirían presuntos montos excesivos en el costo de materiales y manos de obra. “Con preocupación he realizado un recorrido por las obras de remodelación de dos instituciones educativas y considero que se requiere la presencia urgente del Órgano Superior de Control para que con sus especialistas puedan determinar la existencia o no de actos irregulares durante la implementación de las mismas”, declaro Bazán para el diario La Industria.
Del mismo modo, para que realmente se tomen acciones, el actual legislador ha enviado un documento de oficio ante el ente contralor del Estado con la finalidad de que sea realice la inspección correspondiente a dichos proyectos. Asimismo, Diego Bazán elevó un comunicado hacia la Presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que el burgomaestre pueda brindar un informe de los avances en dichas obras y así evitar que se exima de la responsabilidad de declarar sobre estos bienes en favor del bienestar público.