Presupuesto 2023: Populismo vs. Ingenuidad

En 5 años el presupuesto del Estado pasó de S/ 157 mil a S/214 mil millones, pero los servicios no mejoran, solo mejoran los sueldos de políticos y funcionarios.

Una polémica se ha gatillado en torno a la aprobación del Presupuesto Público 2023, causando más de un sobresalto y confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Kurt Burneo, el ministro de Economía y Finanzas, protestó frente al dictamen aprobado el pasado sábado por la Comisión de Presupuesto del Legislativo. Este dictamen, respecto a la versión presentada en agosto por el Ejecutivo, añadió 21 disposiciones complementarias finales, de las cuales 9 habilitan el transferir 1,164 millones de soles con cargo a la Reserva de Contingencia, reserva que no debería tocarse en situaciones ordinarias y que ya fue manoseada en la época más crítica de la pandemia.

Lo primero que debemos resaltar es que el presupuesto del Estado crece y crece. En los últimos 5 años ha crecido en un 37% y la excusa es siempre las necesidades crecientes de atención a la población, pero la población sigue desatendida. En 2018 el presupuesto general fue de 157 mil millones de soles. Para el 2023 el presupuesto será de 214 mil millones de soles (¡!)

Además, en lo que se ha hecho poco hincapié, es que el 80% del incremento se concentra en los gobiernos regionales y municipalidades, niveles de gobierno considerados por la ciudadanía como los peores gestores del Estado peruano, según los datos del módulo de gobernabilidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Asimismo, en el caso de las municipalidades, el aumento de presupuesto para el próximo año ha sido de 38.1%, el más alto de la última década por bastante margen; lo mismo para el caso del incremento del 16.4% para los gobiernos regionales. En segundo lugar, resalta que para el 2023 se espera la mayor alza de presupuesto para inversión pública de la última década (+23.7%) respecto a un leve incremento del gasto corriente (+4.3%). Esto último pareciera una buena noticia, pero, combinado con el dato anterior, se deduce que se está apostando por mayor inversión a través de las municipalidades cuando estas, en el 2021, apenas ejecutaron el 62% de su presupuesto para este fin -en contraste con un 77% en el caso del Gobierno Nacional-.

Dicho esto, las modificaciones que el congresista Luna Gálvez está imponiendo sobre el presupuesto del próximo año parecieran consistir en una mera motivación política. Los temas en torno a los que giran las disposiciones: ollas comunes, Fonavi, eliminación del CAS, Vaso de Leche, construcción de hospitales no priorizados por el Minsa, entre otros; son relevantes, pero cada entidad podría reacomodar sus recursos institucionales en aras de atender estos problemas. No es necesario que el Congreso imponga el acceso a la Reserva de Contingencia para lograr estos fines.

¿Segunda cuestión de confianza?

Se voceó el fin de semana que la premier Betssy Chávez evaluaba presentar una cuestión de confianza en torno a la Ley de Presupuesto 2023. Si bien esto ha sido desmentido por la misma Chávez, tras la interpretación ‘fáctica’ de la denegatoria de confianza en el caso de la Ley 31355, el simple rumor muestra la verdadera amenaza que existe de un cierre inconstitucional del Congreso por parte del gobierno de Pedro Castillo.

En este momento El Congreso ha presentado una demanda competencial al Tribunal Constitucional y una medida cautelar para impedir que -de darse el caso- Castillo no pueda cerrar el Poder Legislativo bajo ninguna circunstancia.

El Legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto, en caso contrario, será aprobado el proyecto de ley tal como fue propuesto por el Ejecutivo en agosto de este año, y se perderían las modificaciones pretendidas en el dictamen. Esto junto con un tercer proceso de vacancia en ciernes, deja a esta semana con la expectativa y el temor una resolución dramática de la crisis política.

*Nota publicada originalmente en Perú21 el 30 de diciembre 2022.

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