La importancia de contar con funcionarios públicos de calidad

Parece que en el gobierno de Pedro Castillo la meritocracia ha sido desplazada por el “amiguismo”. No obstante, existen leyes que intentan evitar que los puestos dentro de Estado sigan siendo ocupados únicamente por personas sin experiencia. Por esta razón, es válido preguntarse, ¿qué tan importante es tener funcionarios verdaderamente capacitados laborando en el sector público?

Las cuestionadas designaciones de Pedro Castillo durante los primeros 7 meses de gestión han demostrado un evidente pago de favores para aquellos allegados al oficialismo, incluso, cuando el único mérito de estas personas es militar para el partido del lápiz. Sin lugar a dudas, el asignar a personas sin experiencia técnica en altos cargos dentro del Estado solo permite observar que el perulibrismo no cuenta con las herramientas ni con la experiencia requerida para gobernar una nación.

Ejemplo de ello, es la investigación que viene realizando el Ministerio Público. De acuerdo a la información de Punto Final, la fiscal Rosario Quico envió un oficio a la subsecretaria general del despacho presidencial para conocer el historial de contrataciones de personal en el área de comunicación en los últimos 10 años. Esto, porque la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima sospecha de Analí Carrión y Andrés Calle por presuntamente haber atentado contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o colusión.

Por este mismo motivo, la Fiscalía también investiga a los supuestos cómplices: José Cristóbal, Franco Pomalaya y Gian Baca. Pues, serían ellos quienes se habrían visto beneficiados al ser contratados por el Estado pese a no contar con la experiencia mínima para ejercer dichos cargos.

Casos como los de Cristóbal, Pomalaya y Baca no son los únicos que vienen siendo cuestionados por la opinión pública, la prensa e, incluso, las mismas entidades gubernamentales. Por este motivo, es importante reconocer la importancia de las leyes que regulan el perfil y/o requisitos con el que un funcionario público debe contar para asumir un cargo dentro del Estado.

El pasado 15 de febrero se publicó en el Diario El Peruano la Ley N°31419, la cual busca “garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción”. Es decir que, desde ahora quienes deseen asumir un puesto de confianza dentro del Ejecutivo, entidades adscritas a él y/o gobiernos regionales y locales deben contar con formación superior completa y experiencia previa certificada en el sector público o privado.

Si bien algunos afirman que esta medida no es de carácter retroactivo, existen especialistas que confirman que, como la ley permite un plazo de adaptación de 30 días, esta estará vigente inmediatamente después de su publicación. Por ello, todo aquel funcionario público de libre designación y remoción tendrá que adecuarse a lo indicado por la misma, de lo contrario, tendrá que dimitir al cargo que actualmente preside.

Se buscan profesionales capacitados

De acuerdo a los especialistas consultados por Vigilante, la ley N° 31419 busca intensificar los parámetros ya planteados por la ley del Servicio Civil N° 30057, pues, aparentemente, las cuestionadas designaciones del primer mandatario peruano han dejado en evidencia que el gobierno no es capaz de respetar las normas previamente establecidas. Por esta razón, es posible reconocer que esta ley es una reacción ante las consecuencias que traen consigo las decisiones del presidente.

Según los expertos, la ley N° 31419 plantea intensificar dos aspectos importantes de la contratación de personal de confianza. Pues, desde ahora en adelante, los funcionarios públicos tienen que calzar no solo con el perfil técnico del cargo, sino que también con requisitos mínimos como el nivel de educación y/o experiencia certificada en sectores similares.

Esto con el objetivo de asegurar que los funcionarios sean personas verdaderamente capaces de dirigir las políticas públicas de un sector en específico. De esta manera, se evita desdibujar nuevamente los límites entre la confianza y el pago de favores, garantizando así la meritocracia y la idoneidad de cada individuo para asumir un rol dentro del gobierno.

Por ello, la norma estipula que dentro de una organización estatal solo el 5% del equipo de trabajo puede ser contratado como personal de confianza, sin embargo, solo podrán ser designadas las personas que posean las competencias y aptitudes requeridas para dicho rol. En caso contrario, entidades públicas como la Contraloría serán las responsables de advertir errores y comunicar oportunamente los hechos.