La cuestionable agenda del Congreso

El Perú atraviesa una de las más agudas crisis políticas de los últimos tiempos. ¿Cuál es el papel del Congreso para hacerle frente? ¿Está a la altura de estas circunstancias?

“Usted está aquí en mi casa”, le dijo Maricarmen Alva a la alcaldesa de Ocoña Marilú Gonzales durante una reunión celebrada ayer con los diferentes alcaldes municipales y la presidenta del Congreso. “No voy a permitirle ese tono de voz, no voy a permitir que esté hablando de esa manera…”, fue otra de sus frases.

Más allá de si el altercado fue responsabilidad de una u otra parte, el video del incidente fue tendencia en redes sociales, y lamentablemente sigue provocando el rechazo de una mayoría de ciudadanas, ciudadanos y políticas y políticos frente al Congreso, algo que no debería ocurrir en este difícil contexto.

Entre las mujeres políticas que se pronunciaron sobre el incidente, figura la ex gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, quien afirmó: “mi solidaridad con Marilu, excelente Alcaldesa y ex dirigenta agraria de Ocoña. Estoy segura que sus reclamos son fundados y su compromiso con su pueblo la llevó a transmitir la indignación que siente ante las constantes trabas de los Poderes del Estado. No merecía tal reproche!”.

Todo esto ocurre en medio de otra crisis generada por el presidente Castillo, que aún no nombra un nuevo gabinete y que solo puede verse favorecido por incidentes como el ocurrido en la Plaza Bolívar. Y es que el problema al parecer parte de dos debilidades que el Congreso no sabe cómo gestionar.

La primera es que es una institución plural. Si bien es fácil hablar del “Congreso”, en realidad se debería hablar de “los congresistas X, y Y o Z”, dado que los actores principales de este teatro, para bien o para mal, no son “el Congreso”, sino bancadas, partidos o congresistas a título personal. La segunda debilidad es que la presidencia del Congreso -en los últimos años- no ha sido muy proactiva en promover consensos, lazos, vínculos, articulaciones entre distintas bancadas, ya sean banderas ideológicas diversas, algo que les convendría a todos los padres de la patria en su urgente necesidad de mejorar sus niveles de aprobación frente a la ciudadanía.

Más liderazgo y una mejor articulación entre presidencia del Congreso y las bancadas, sea cual sea su posición ideológica, haría que la población no se quede con una primera impresión general de este poder del Estado. Además, se podrían bloquear a tiempo reformas que en vez de sumar, restan, y restan mucho.

Los autogoles del “Congreso”: la contra reforma educativa

Apenas la semana pasada, casi al mismo tiempo en el que Héctor Valer fuese nombrado como Presidente del Consejo de Ministros, el pleno del Congreso aprobaba en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la “autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. El dictamen fue aprobado con 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones. Se trata de un asunto que se venía tratando y sobre el que se venía alertando desde el año pasado, hasta que finalmente el Congreso tomó una decisión.

¿Y qué significa? Lo que hace esta iniciativa legal es devolverle poder a los rectores universitarios y debilitar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), según diversos expertos e instituciones. Dicha iniciativa modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, que estaría integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú. También se establece que el superintendente de la Sunedu sea elegido entre sus miembros representantes.

Lo cierto es que la propia Sunedu ya anunció que presentará una acción de amparo contra el proyecto de ley que modifica la conformación de su Consejo Directivo. El superintendente de Sunedu, Oswaldo Zegarra dijo que “bajo el engañoso eslogan de restablecer la autonomía universitaria, el Congreso pretende regresar a un viejo orden en el que las universidades tenían licencia para actuar sin tener que darle cuentas a nadie”. Y agregó que “esto es como si los bancos tuvieran asiento en la Superintendencia de Banca y Seguros, o las empresas de telecomunicaciones tuvieran voto para designar a los miembros del Osiptel. Es inaceptable”.

Además de ello, en los últimos días, un grupo de 18 universidades particulares y públicas de distintas regiones del país expresó su rechazo al mencionado proyecto de ley. A través de un comunicado, consideraron que esta iniciativa “atenta contra la reforma universitaria” iniciada en 2014. “Esta decisión del Congreso debilita el rol de la Sunedu, afecta su independencia, contraviene su imparcialidad y, por la nueva composición que se plantea, pone en riesgo la idoneidad de su Consejo Directivo”, advirtieron.

Indicaron también que el proyecto aprobado desconoce la opinión de instituciones que han señalado públicamente los peligros de su implementación, entre ellas el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), la representación de la Unesco en Perú y la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu.

“Gracias a la Sunedu y a su labor regulatoria se ha ordenado el sistema universitario, se han detenido la informalidad, la ilegalidad y el despilfarro de recursos, imperantes mientras existió la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Nuestro país no puede abandonar este camino. Nuestros estudiantes deben recibir una formación de calidad”, se lee en la misiva.

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran los rectores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Andina del Cusco, Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Universidad Católica de Santa María, Universidad Católica de Trujillo, Universidad Católica San Pablo, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Asimismo, los de la Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad La Salle Arequipa, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional San Agustín (UNSA), Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Universidad Privada de Tacna (UPT).

La polémica iniciativa muestra con claridad la forma en que el Congreso se “hackea” a sí mismo. Si algo de positivo tenía la ley en cuestión —lo cual entendemos que de ello no tenía nada—, las bancadas que la promovieron no dedicaron tiempo ni esfuerzo en comunicar por qué debía ser aprobada, qué problema soluciona y si impactaba negativa o positivamente en la educación de los jóvenes. Evidentemente, la evidencia muestra que esta ley no debió pasar la prueba.

La contra reforma del transporte

En noviembre del año pasado, el todavía ministro del MTC, Juan Silva, sostuvo reuniones con las empresas de combis con las que pactó ampliar sus permisos de circulación y una amnistía de sus S/ 53 millones en papeletas de tránsito. Silva también estableció la norma para el empadronamiento de los taxis-colectivos con solo una declaración jurada y acciones legales que disponen que Sutrán elabore ese padrón cuando su función es fiscalizar a estos vehículos informales. En noviembre, Silva también se reunió con estos gremios con los que acordó su formalización.

Y a pesar de todo ello, el 11 de noviembre del año pasado El Congreso de la República desestimó una moción presentada por diversos legisladores del Partido Morado que planteaba interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Por 24 votos a favor, 48 en contra y 39 abstenciones, la representación nacional rechazó la propuesta para que Silva Villegas concurra al Pleno y responda un total de 37 preguntas.

Es en estas situaciones en las que la presidencia del Congreso debería evidenciar a aquellas bancadas y congresistas que votaron en contra y se abstuvieron con respecto a la interpelación del ministro. Al no hacerlo, volvieron a confirmar la típica afirmación generalizadora “El Congreso promueve la informalidad en el transporte”.

Fue el hoy tristemente célebre expremier Héctor Valer, quien presentó un proyecto de ley que –bajo la denominación del “fortalecimiento y la modernización de las empresas formales y regulares del transporte público, y la modificación de la Ley Nº 30900″– buscaba cumplir las promesas del titular del MTC con los transportistas.

En el artículo 6 de su iniciativa, Valer proponía renovar automáticamente por 10 años las autorizaciones de sus rutas; y que estas mismas puedan ser prorrogadas otros 5 años más si es que las empresas mantienen un historial limpio y cumplen con los requisitos. Quince años en total. Además, en el artículo 11, modifica la ley de creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao (Ley Nº 30900) para que sea ahora el titular del MTC el encargado de designar, “en carácter de confianza”, al nuevo jefe de la ATU. De esta forma, harían viable la salida de María Jara, quien continúa la fiscalización de los transportistas informales.

Para ese propósito Valer contó con el respaldo de sus entonces colegas de bancada José Jerí, Wilmar Elera, Hitler Saavedra, Alfredo Azurín y Yorel Alcarraz; así como de Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Carlos Zeballos, entonces congresista de Acción Popular.

Pero ese no era el único proyecto con el mismo propósito, pues casi en paralelo la congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular, buscaba mediante un proyecto de ley renovar automáticamente por 5 años  las autorizaciones de las combis y cústeres. Según el proyecto de ley N° 00607/2021-CR que ella presentó, se plantea prorrogar hasta el 2026, de forma excepcional, los permisos de las empresas de transporte de Lima y Callao, con el fin de “garantizar la continuidad del servicio y otorgarles seguridad jurídica”.

Herrera tiene el respaldo de cinco de sus compañeros de bancada, con quienes comparte autoría, tales como Jorge Montoya, Esdras Medina, Alejandro Muñante, Javier Padilla y Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo. Lo que más llama la atención es que en el caso de ambos congresistas y sus colegas que los respaldan, mantuvieran diversas reuniones con cuestionados representantes y dirigentes del gremio de transportes con quienes el ministro Silva también se había estado reuniendo.

“Ocho personas mueren a diario por accidentes de tránsito en el país…Con estas iniciativas se estarían perpetuando el caos y la informalidad de las 19.600 combis y cústeres (70%) que circulan hoy por la ciudad”, opinó al respecto Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar.

Justamente hoy a las 4 pm sesionará la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que tiene como invitada a la presidenta del Consejo Directivo de la ATU, María Jara, sobre los avances respecto a las responsabilidades asignadas a la ATU, tanto en su ley de creación como en su reglamento. En dicho grupo de trabajo del congreso justamente se encuentra la congresista Noelia Herrera de Renovación Popular y Wilmar Elera, de Somos Perú (Vicepresidente de la Comisión), quienes impulsan la llamada contrareforma de transporte y cuestionan a la ATU.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo, en diciembre de 2018, finalmente creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), una entidad que tiene por objeto la reforma del transporte público para impulsar un nuevo sistema integrado, con empresas formalizadas y la licitación de las rutas.

Ambas “contra reformas” son una demostración de cómo el Congreso tiene una tremenda responsabilidad frente a la ciudadanía, y una posición sumamente sensible que debe ser manejada con el mayor cuidado estratégico. Con un liderazgo más claro, con una comunicación más asertiva de cómo funciona el parlamento, con una estrategia informativa que asigne responsabilidades individuales o partidarias, la ciudadanía entendería que “el Congreso” como institución no es necesariamente el problema, sino los mismos congresistas, vistos de forma individual, que se eligen en democracia cada 5 años. Pero al parecer, esto no es parte de la agenda actual de la Mesa Directiva, y el principal beneficiado con la mala reputación del Poder Legislativo es el mayor generador de escándalos, crisis y problemas: el presidente Castillo.