¿Por qué es importante que el Estado sea transparente?

Pese a que el presidente Pedro Castillo aún no revela la lista de quiénes asistieron a las reuniones en el pasaje Sarratea de Breña, siempre es importante recordar por qué es necesario que el Gobierno sea totalmente transparente ante los ciudadanos

Durante el gobierno de Alejando Toledo se publicó el Decreto Supremo N°072-2003-PCM en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, en el cual se aprueba el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto, con el objetivo de promover la transparencia sobre lo que el Estado realiza y también para afianzar la importancia del cumplimiento del inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, mismo que habla sobre el libre acceso a la información como derecho fundamental de los peruanos.

Este Decreto Supremo fue refrendado por la entonces primera ministra Beatriz Merino, así como también por algunos miembros del Gabinete Merino Lucero, entre los cuales se encontraban el titular de la cartera de Economía y Finanzas, Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones.

Portal de Transparencia

Si bien la ley fue aprobada en 2002, recién al año siguiente comenzó a tomar vigencia. Para ello, se comenzaron a implementar diversos parámetros que permitiesen que exista una verdadera verificación de los hecho que realice el Estado; por tal motivo, en el segundo capitulo de la referida ley, se habla respecto al Portal de Transparencia.

En primer lugar, se explica que todo ente gubernamental deberá implementar de manera progresiva el acceso a la información que los peruanos pueden acceder. Entre los documentos que estas instituciones deberían proponer de manera pública a los ciudadanos se encuentran cualquier tipo de disposición o comunicado, organigrama, organización institucional, marco legal y demás.

Por otro lado, también es importante que se presente la información presupuestal en donde se especifiquen los montos ejecutados, los futuros proyectos y cualquier tipo de beneficio que se entregue a los funcionarios. Del mismo modo, es requerida la presentación de cualquier tipo de bien o servicio adquirido y, además, el costo y los proveedores y/o beneficiarios del mismo.

Por último, también se considera pertinente que se exprese qué actividades oficiales realizarán los miembros de cada institución y, también, cualquier otro dato que el órgano gubernamental considere importante.

Reglas y sanciones

Esta ley expresa que existe un procedimiento para poder acceder a la información de estas entidades públicas. Es por ello que, para pedir estos datos, se debe llenar un formulario de solicitud y este debe ser dirigido hacia la dependencia encargada o, en caso contario, a quién se considere que tenga la información de manera inmediata.

La entrega de esta información no superaría los 7 días calendario, sin embargo, se puede extender hasta por 5 días más. Pese a ello, existe la posibilidad de apelar. Solo en caso no exista un pronunciamiento por parte de la entidad en un plazo no mayor a los 10 días o la apelación se resuelva de manera negativa, el solicitante podrá comenzar a optar por un proceso contencioso administrativo, pues, la vía administrativa se habría agotado por completo.

Sin embargo, así como existe todo un proceso para poder obtener esta información, también existen sanciones para aquellos que se rehúsen a otorgarla. Pues, aquellos que no cumplan lo estipulado por la lay serán sancionados por falta grave e, incluso, estas instituciones podrían ser denunciadas penalmente por la Comisión de Delito de Abuso de Autoridad.

Excepciones

Según el documento en donde se leen las especificaciones de la ley, se expresa que, en caso la entidad gubernamental no desee proporcionar la información por algún motivo en específico, puede presentar, por escrito, las razones que le impiden hacer pública dichos datos.

Por otro lado, existe un apartado en el artículo 15° en donde se explican sobre la información catalogada como secreta. Estos son los únicos datos que el Gobierno no puede proporcionar tan sencillamente, pues, su revelación, podría comprometer la salud y seguridad íntegra de la ciudadanía; es decir, se podría corre un riesgo para la integridad territorial o, hasta incluso, el sistema democrático.